Es probablemente el proceso más mal entendido del sistema. No es una pena, no requiere condena penal y opera con reglas propias que sorprenden a quien viene del derecho penal clásico.
La extinción de dominio confunde a casi todo el mundo la primera vez que se topa con ella. La gente la asocia con el decomiso penal, con una pena accesoria que viene después de la condena. No es nada de eso. El Decreto Legislativo 1373 creó un proceso que es completamente autónomo del penal, opera sobre bienes y no sobre personas, y puede iniciarse aunque nunca haya habido una condena. Incluso puede iniciarse cuando el titular del bien ya falleció.
Esa autonomía es lo primero que hay que entender, porque rompe varias intuiciones. La primera es la lógica de "inocencia hasta que se demuestre lo contrario". En extinción de dominio, lo que se discute no es si el titular es culpable de algo. Lo que se discute es el origen del bien. Y aunque la demanda la tiene que probar el procurador en su versión inicial, hay supuestos del propio decreto donde las cargas probatorias se invierten: cuando concurren indicios serios de origen ilícito, le toca al afectado acreditar la licitud del origen del bien o, en su defecto, demostrar que lo adquirió de buena fe, a título oneroso, y siendo ajeno al hecho que dio lugar al proceso.
La buena fe es el otro concepto que se vuelve central. En materia civil clásica, la buena fe se presume y basta con que el adquirente no haya tenido conocimiento de algún vicio. Acá la presunción es más matizada. El juez evalúa la diligencia debida, el precio pagado en relación al valor de mercado, el origen documentado de los fondos del comprador, la relación previa entre las partes, todo el contexto de la operación. Una compra a precio de oferta, con pago en efectivo, sin documentación clara del origen del dinero, no resiste un escrutinio mediano. Esto golpea con frecuencia a familiares cercanos del investigado, que de pronto se ven afectados por bienes adquiridos hace años en condiciones que en su momento no parecían problemáticas.
Lo otro que pasa rápido es la medida cautelar real. Ni bien se admite la demanda, suele venir una afectación que inmoviliza el bien. Eso significa, en términos prácticos, que el inmueble no se puede vender, no se puede hipotecar, a veces ni siquiera se puede arrendar libremente. Levantar esa medida una vez impuesta es difícil. Por eso, en cuanto hay noticia de una indagación patrimonial preliminar (que es la etapa previa a la demanda), conviene moverse rápido: ordenar la documentación del origen, preparar el peritaje contable que demuestre la trazabilidad, identificar las operaciones cuyo respaldo es más débil para reforzarlas con elementos adicionales.
Una pieza específica que merece atención es el manejo de estructuras societarias. Cuando hay sociedades vehículo entre el bien y la persona física, el procurador suele intentar el levantamiento del velo. Si la sociedad no tenía sustancia económica, si no operaba realmente, si los actos societarios eran formales pero vacíos, el velo se perfora. Esto es algo que las planificaciones patrimoniales descuidadas resuelven mal, porque privilegian la opacidad sobre la sustancia. En extinción de dominio, la opacidad sin sustancia es indicio.
La defensa en estos procesos exige preparación documental temprana, peritaje contable bien construido, y una lectura fina de qué controla cada parte: las excepciones, los plazos del procedimiento, los recursos posibles ante el levantamiento o no de la cautelar. No se gana en juicio improvisando. Se gana llegando al juicio con el expediente ya armado por la defensa.